Automatización IA para
bufetes y despachos.

Sí, dentro de unos límites. El sistema no emite opinión jurídica, pero sí puede determinar si la consulta pertenece a un área de práctica del bufete (mercantil, laboral, familia, penal…), si ya existe proceso judicial, y si el perfil del potencial cliente encaja con los casos que el bufete acepta. Las consultas fuera del alcance se derivan o se descartan automáticamente antes de consumir tiempo del equipo.

El sistema opera con infraestructura europea, cumple RGPD y no transfiere datos a modelos de IA públicos para entrenamiento. Los datos del potencial cliente se almacenan en tu CRM interno, con los mismos controles de acceso que ya tienes. Podemos configurar retención mínima y acceso por roles.

Una vez aceptado el caso: envío automático del contrato de servicios para firma digital, solicitud de documentación inicial con checklist personalizado por tipo de caso, creación de la carpeta de cliente en el sistema de gestión documental, asignación al abogado responsable y notificación al cliente de los próximos pasos. Todo sin intervención administrativa.

Los despachos especializados se benefician especialmente porque el sistema puede configurarse con criterios muy específicos de aceptación. Un despacho solo de derecho laboral puede filtrar con precisión: tipo de caso, importe en juego, tipo de empresa demandada. Los criterios los defines tú.

El punto de partida es el filtrado de consultas: un agente de IA recoge la consulta inicial, identifica el área de práctica y evalúa si tiene encaje antes de que ningún abogado dedique tiempo. Después, el onboarding del caso — contrato, documentación, creación del expediente — se automatiza desde la aceptación. El resultado es un equipo jurídico que empieza cada caso con toda la documentación en orden, sin haber gestionado ningún trámite administrativo.

Filtrado y cualificación de consultas entrantes, envío y seguimiento de contratos para firma digital, solicitud de documentación inicial con checklist por tipo de caso, creación de expedientes, seguimiento de presupuestos sin respuesta y recordatorios de plazos procesales no críticos. Las tareas que requieren criterio jurídico — análisis, estrategia, redacción — siguen siendo exclusivamente del abogado.